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En esta sentencia se declara que el método y procedimiento seguidos por la empresa para llevar a cabo la identificación de los riesgos psicosociales en sus centros de trabajo, en base al informe de “Identificación o análisis inicial de riesgos para la evaluación psicosocial básica” elaborado por el Servicio de Prevención Mancomunado en el año 2012, no es adecuado para la pretensión de la empresa de no realizar una evaluación de riesgos psicosociales. Y en consecuencia debemos condenar y condenamos a la empresa demandada a estar y pasar por esta declaración y que, proceda a realizar correctamente una identificación de riesgos laborales de origen psicosocial. Una vez identificados estos riesgos, se adopten las medidas correctoras y eliminadoras de los mismos. En el caso de quedar algunos latentes, que no se hayan podido eliminar, se efectúe una evaluación de dichos riesgos con un procedimiento que proporcione confianza sobre su resultado. Establecer, en su caso, según los resultados obtenidos en la evaluación de riesgos efectuada, las correspondientes medidas preventivas, aplicarlas o planificar su ejecución.

En la sentencia se indica que el procedimiento utilizado por la empresa demandada para la identificación de los riesgos psicosociales fue un cuestionario propio adoptado unilateralmente por la empresa, que, aunque tuvo en cuenta el cuestionario FTSICO 2.0 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, "no se ha utilizado en su integridad sino que ha seguido una metodología propia" por todo lo cual, concluye la sentencia: "el informe del INSHT, que la Sala asume, deja constancia de las graves deficiencias del método de evaluación llevada a cabo por la empresa y ....cabe indicar que dicho procedimiento no es adecuado para la pretensión de la empresa de no realizar una evaluación de riesgos psicosociales".

Se adjunta el documento titulado “La organización preventiva de las empresas en España: características distintivas respecto a otros modelos europeos” editado por el INSHT, en el que se comparan los requisitos exigibles a la organización preventiva en los diferentes países de la Unión Europea.

 

Se adjunta tanto la Orden TIN/2504/2010, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas, como un resumen de las modificaciones producidas.

 

Adjuntos:
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En la reunión del 24/11/2015, se expuso el resumen sobre el desayuno que la CEOE celebró el pasado 4 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en el que se presentó el estudio "Informe conmemorativo de los veinte años de aprobación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales", se adjuntan las notas tomadas.

En dichas notas se expone la intervención del Presidente de la CEOE, Juan Rosell, y de los dos ponentes:

· el abogado y profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos, Rodrigo Martín Jiménez, autor del informe conmemorativo;

· y el responsable de Prevención y Condiciones de Trabajo de PSA Peugeot Citroën Madrid, Thibaut Chaigneau, que expuso cómo cultivan en su empresa el bienestar de sus empleados.

Se adjunta el Informe conmemorativo de los 20 años de la aprobación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, presentado el pasado 4 de noviembre por la CEOE.

 

 

El Real Decreto establece los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. La normativa permite a las autoridades sanitarias autorizar las condiciones de instalación y comprobar la adecuada realización de sus funciones.

Los servicios de prevención únicamente deberán obtener una autorización sanitaria de una Comunidad Autónoma para sus instalaciones sanitarias, que será válida para todo el territorio nacional, siempre que no dispongan de instalaciones sanitarias en una comunidad autónoma diferente a la que concedió la autorización.

El Real Decreto establece un sistema electrónico de intercomunicación de registro de datos de servicios de prevención (SeRPA) para intercambio de información entre los servicios de prevención ajenos y las administraciones públicas, lo que posibilitará a las autoridades sanitarias disponer con antelación de información sobre las actuaciones de vigilancia de la salud de trabajadores de empresas de su territorio para verificar la calidad del servicio.

Adjuntos:
Descargar este archivo (Real Decreto 901-2015 por el que se modifica el Real Decreto 843-2011.pdf)Real Decreto 901/2015[ ]175 kB