NTP 959: La vigilancia de la salud en la normativa de prevención de riesgos laborales
29 de octubre de 2013Sentencia nº 1868/2012 del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria
30 de octubre de 2013NTP 959: La vigilancia de la salud en la normativa de prevención de riesgos laborales
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30 de octubre de 2013La Sentencia de Tribunal Constitucional 211/2012 resuelve un conflicto positivo de competencia interpuesto por el Gobierno de Cataluña, en relación a la Orden TAS/2926/2002, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico, y en relación a su normativa de desarrollo.
La Sentencia de Tribunal Constitucional 211/2012 resuelve un conflicto positivo de competencia interpuesto por el Gobierno de Cataluña, en relación a la Orden TAS/2926/2002, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico, y en relación a su normativa de desarrollo.
El Tribunal Constitucional ha decidido estimar parcialmente el presente conflicto positivo de competencia y, en su virtud:
1.º Declarar que el art. 1 y el anexo de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales TAS/2926/2002 vulneran las competencias de la Generalitat de Cataluña en lo que se refiere al parte de accidente de trabajo, a la relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica, y a la relación de altas o fallecimientos de accidentados que las entidades gestoras o colaboradoras deban remitir a la Administración autonómica.
2.º Declarar que los arts. 2 y 3, y la disposición adicional primera de la misma orden vulneran las competencias de la Generalitat de Cataluña en lo que se refiere a la cumplimentación y transmisión por los sujetos obligados del parte de accidente de trabajo y de la relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica; y en cuanto a la relación de altas o fallecimientos de accidentados que las entidades gestoras o colaboradoras deban remitir a la administración autonómica, todo ello en los términos del fundamento jurídico 7.
3.º Declarar que vulnera las competencias de la Generalitat de Cataluña la regulación que se contiene en la resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 26 de noviembre de 2002, en lo que afecta a empresas y entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social, salvo, en lo que se refiere a estas últimas, para la remisión al órgano competente de la Administración del Estado de la relación de altas o fallecimientos de accidentados, en los términos del fundamento jurídico 7.
4.º Desestimar el conflicto en todo lo demás.
Fuente: BOE