Firma del VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid

El 22 de diciembre de 2020 se realizó la firma del VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, en la que han participado la presidenta de la Comunidad; el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid – CEIM; el secretario general de CC.OO. de Madrid; y el secretario general de la UGT de Madrid.

Como novedad, este Plan Director incluye actuaciones específicas ante los riesgos emergentes derivados de la evolución demográfica, la tecnología y las nuevas formas de organización del trabajo, como el teletrabajo. También se contemplan los riesgos laborales en el entorno del Empleo Verde y la transición justa, teniendo en cuenta la diversidad y la perspectiva de género.

Por otro lado, el VI Plan Director plantea nuevos desafíos originados por la pandemia, y trata de colaborar con las medidas de Salud Pública en las diferentes fases de la reactivación económica.

De forma anual, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) presentará un informe final de modo que las actuaciones para el año siguiente puedan adaptarse a las necesidades de cada momento bajo los ejes del actual Plan Director. De este modo, se realizará una evaluación y reelaboración de indicadores de forma periódica para garantizar la eficacia de las medidas propuestas, así como en impulso del Observatorio de condiciones de Trabajo como órgano colegiado de asesoramiento y análisis de los riesgos laborales de la Comunidad de Madrid.

El presupuesto total para el VI Plan Director de Riesgos Laborales asciende a 55,8 millones de euros, que cubrirán el período de vigencia comprendido entre 2021 y 2024. Una cantidad que se repartirá del siguiente modo: 23,6 millones para actuaciones de información, formación y asesoramiento en materia preventiva con medios propios; 22,9 millones en actuaciones de colaboración con otras administraciones, con agentes sociales y otras entidades para la divulgación e información; y otros 9,3 millones en actuaciones e incentivos dirigidos a reducir la siniestralidad laboral y promover el incremento de los niveles de seguridad y salud en las empresas.